Además, se destaca que los sectores de la población entre los 25-34 años, 35-44 años y 55-70 años son los que presentan una desaprobación mayor (88 por ciento) a comparación que el rago comprendido entre 45-54 años (86) y 18-24 años (apenas 76).

La encuesta de Datum, realizada por encargo del diario El Comercio y en la que se tomaron en cuenta las opiniones de un total de 1.210 peruanos entre hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, también afirmó que las regiones del sur del país como Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, entre otras, presentan la mayor desaprobación a la gestión de la presidenta con un contundente 92 por ciento.

A estas regiones le siguen las que se encuentran en la zona norte del país, como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, en las que Boluarte tiene un 87 por ciento de desaprobación. Por su parte, aquellas que están en el oriente del país como Loreto, San Martín y Madre de Dios alcanzan niveles de desaprobación que llegan hasta el 86 por ciento.

Las únicas dos zonas del Perú en las que la desaprobación es menor para la presidenta Boluarte es en el centro (Áncash, Apurímac, Huánuco, Pasco, Junín) donde alcanza el 82 por ciento, mientras que en Lima y Callao este indicador llega hasta el 83. Aún cuando estos sean menores en comparación al resto de zonas geográficas del Perú, siguen siendo elevadas y se suman a la ola de críticas hacia la gestión de la mandataria.

Crítica por gestión de seguridad ciudadana

En particular, el periodo de Dina Boluarte como presidenta de la República se ha visto marcada por un alarmante ascenso en la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Entre los meses de abril y septiembre del año 2023, los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicaron que la ciudadanía considera que un 34.9 por ciento de los peruanos consideraban que la delincuencia es el principal reto que debe enfrentar el país.

Sin embargo, la gestión de Boluarte consideró que la mejor forma de enfrentar esta situación era la declaratoria de estados de emergencia a diferentes distritos de la capital y del interior del país.

Aunque la intención principal de esta medida era la de brindar de mayores capacidades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacer frente a esta problemática, también se reportaron casos en los que aún así se producían asaltos y extorsiones, por lo que se cuestionó la efectividad de la medida.

En una entrevista con el medio Infobae Perú, el exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, indicó que la idea de la presidenta Dina Boluarte de controlar la delincuencia por medio de las declaraciones de estados de emergencia y posteriores ampliaciones, es un intento populista de enfrentar el problema.

“El problema principal es que no hubo algo planeado para reducir el nivel de la delincuencia”, indica Pérez Rocha. El general también indicó que aún cuando estos decretos supremos se han emitido; como encargada del orden interno, es la PNP quien está encargada de coordinar con las Fuerzas Armadas los puntos estratégicos donde se requiere su apoyo. Sin embargo, esto no se estaría dando.