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Posible corrupción

VIDEO | Que cara que sale Dina Boluarte: en cinco meses gastó medio millón de soles en trabajos "duplicados"

Estas estas órdenes de servicio incluyen funciones que teóricamente deberían ser cubiertas por el personal existente del Despacho Presidencial.

En los primeros cinco meses de 2024, el despacho de la presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de críticas por supuestos gastos excesivos e injustificados en órdenes de servicio, sumando más de medio millón de soles (aproximadamente 150 mil dólares) en contrataciones que han sido catalogadas como 'duplicadas'. Este gasto suscitó controversias y preocupaciones sobre la eficiencia y la justificación de tales desembolsos.

La denuncia destaca que estas órdenes de servicio incluyen contrataciones para apoyo en control documentario y servicios archivísticos, funciones que teóricamente deberían ser cubiertas por el personal existente del Despacho Presidencial. En particular, en febrero de 2024, se contrataron tres personas para servicios relacionados con las contrataciones públicas, con pagos individuales que oscilan entre los 16 mil y 27 mil soles. Expertos consultados señalaron que estas funciones son 'duplicadas' y, por tanto, innecesarias.

Un caso destacado es el de Camila Solezzi Ludeña, quien fue contratada en enero de 2024 sin experiencia previa en el sector público, lo cual ha levantado más sospechas sobre la adecuación y la necesidad de estas contrataciones..

La investigación también reveló que algunas personas contratadas por el despacho presidencial tenían contratos simultáneos con otras entidades públicas. Por ejemplo, Edwar Ramos Pachas recibió 16 mil soles para trabajos logísticos en el despacho presidencial el 1 de febrero de 2024 y, dos días después, firmó otro contrato con Fondepes por 28 mil soles. Estas prácticas de contratos simultáneos sugieren una posible fragmentación de contratos para evitar la competencia.

Fredy Hinojosa, jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, defendió estas contrataciones, afirmando que cada trabajador tiene funciones específicas establecidas en un documento público conocido como clasificador de cargos. Sin embargo, expertos como José Trelles, abogado especialista en contrataciones del Estado, argumentan que estas prácticas infringen el marco general de contrataciones y suponen una fragmentación intencional para evitar la competencia, constituyendo una infracción.

Respuesta oficial

En respuesta a las acusaciones, la Presidencia de la República emitió un comunicado de seis puntos, negando cualquier irregularidad en las contrataciones. El comunicado enfatizó que estos contratos están bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y se encuentran debidamente registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), y publicados conforme a la normativa en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano.

La Presidencia defendió la necesidad de estas contrataciones temporales para cumplir con los objetivos institucionales y aseguró que el gasto público no excede lo presupuestado para cada año. Además, mencionó que la Contraloría General de la República realiza una auditoría anual de los estados financieros y presupuestarios para verificar la legalidad del gasto y la gestión, garantizando el cumplimiento y respeto de la ley en todas las contrataciones.

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