Adrianzén -que desde hace dos semanas es indagado por otro caso de posible corrupción- y el presidente del Seguro Social de Salud (Essalud), Aurelio Orellana, están sospechados de “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.

Asimismo, Asayag pudo haber cometido el delito de “tráfico de influencias agravado”, reportó el Ministerio Público en Twitter.

La indagación fiscal está relacionada con el “presunto interés indebido” en el pago de una suma equivalente a casi 11 millones de dólares por parte de Essalud a una empresa que en 2020 le proveyó un millón de pruebas rápidas de coronavirus, explicó el organismo.

La Contraloría General de la República cuestionó ese contrato, por lo que el pago fue congelado, hasta que el mes pasado “la gestión de Orellana” recomendó efectivizarlo, según develó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

La presidente Dina Boluarte se enteró “pronto” del caso, porque “reportes de inteligencia” revelaron “presuntas reuniones de su asesora Asayag con el presidente de Essalud”, reprodujo este miércoles el diario La República.

Adrianzén ya estaba en la mira de Benavides, que el 14 de febrero anunció que había abierto una investigación para determinar si él y el jefe del gabinete, Alberto Otárola, cometieron el delito de colusión agravada.

Esa indagación se relaciona con la contratación de una excuñada de Otárola, Carola Rodríguez -quien también es investigada en la causa-, como asesora de Adrianzén.

El parentesco no fue informado en la declaración jurada de la funcionaria, pese a que así lo exige la legislación peruana, informó entonces la prensa peruana.

Asimismo, se investiga la vinculación entre los dos ministros, ya que, antes de asumir como titular de Trabajo, Adrianzén fue jefe de asesores de Otárola cuando este era ministro de Defensa y luego, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando el segundo fue designado jefe del gabinete.