Le pegan de todos lados: pese a retractarse, siguen lloviendo críticas a Boluarte por sus dichos sobre las FFAA y la PNP
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha despertado una ola de críticas luego de señala que si bien es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas no tiene control alguno sobre los protocolos de estos y la Policía Nacional del Perú (PNP). Las palabras fueron interpretadas como un intento de la jefa de Estado de evitar responsabilidad en la muerte de al menos 60 ciudadanos en las protestas en su contra.
“Yo creo que se han malinterpretado”, asegura Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte. En conversación con Exitosa señaló que la presidenta “de repente para sintetizar, utilizó una frase”. La confusa intervención del magistrado dio a entender que no se han comprendido las palabras de su clientas diciendo que “cuando hay un interés en establecer un problema de orden político no se distingue en lo que se debe distinguir”.
Para Campos, el rol de la presidenta, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, es representar a una figura política dado que no cuenta con una formación militar. Es así que no negó que la jefa de Estado tenga una responsabilidad “estrictamente política” en el accionar de las fuerzas del orden, instituciones que se encargaron de reprimir a cientos de manifestantes en los que algunos perdieron la vida.
“Lo que pasa es que (...) es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular, no entró a la Escuela Militar, no hizo la carrera militar. Quizá no sepa ni usar un arma entonces su responsabilidad es estrictamente política”, indicó al citado medio. Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo da cuenta de decenas de fallecidos presuntamente por el accionar de las fuerzas del orden.
“(Ni) los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las F.F.A.A. o la PNP tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, declaró la jefa de Estado en entrevista con el diario El Comercio.
El informe de la CIDH mencionó que el Estado habría violado los derechos humanos de algunos ciudadanos. El resto de conclusiones y recomendaciones no fueron bien recibidos por representantes del Ejecutivo y algunos miembros de la clase política. A pesar de que resurgió la propuesta de que el Perú se retire de la Comisión, el representante peruano ante la OEA, Gustavo Adrianzén, negó que se concrete dicho pedido.
El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en conversación con RPP Noticias que el Estado está en contra de que el informe utilice los términos “ejecuciones extrajudiciales” o “masacre” para referirse a las acciones de las fuerzas del orden ante los disturbios registrados en regiones como Puno y Ayacucho. A pesar de las discrepancias, se mantendrá el vínculo con la CIDH.
Durante las reuniones con los comisionados que entrevistaron a diversas figuras previo a la escritura del informe, representante del Estado mostraron su rechazo al uso de los términos antes señalados. Por aquellos días se los usaba de manera categórica, según Adrianzén, pero en el texto final, se presentan en condiciones. Esto dado que por entonces no se habían producido las investigaciones al respecto desde el Ministerio Público.
