De su lado, la Fiscalía señaló más temprano que la gobernante fue llamada dentro del "caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023".

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que compartió en redes sociales el organismo acusador. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio del centro de Lima.

Ella tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro a la prensa local. No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según fija la Constitución.

La investigación contra Dina Boluarte

La Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". Las autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En las protestas han muerto 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 personas heridas, casi la mitad de ellas son uniformados.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola; el ex ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el ex jefe de gabinete Pedro Angulo también están siendo investigados por la Fiscalía en el marco de la misma causa.