La CIDH, como antes otros organismos de derechos humanos, denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos, acciones que, indica esta Comisión, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Este informe precisa que las protestas y la represión se han dado “en un marcado contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica”, fundamentalmente contra la población indígena, y en un marco de “fuerte tensión” entre Lima y otras regiones, especialmente las del sur andino.

El documento denuncia una campaña de estigmatización que acusa de “terroristas” y “violentistas” a las poblaciones movilizadas contra el gobierno, mayoritariamente indígenas. Estigmatización extendida a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Autoridades del gobierno y sus alados de la derecha parlamentaria y de los medios hegemónicos forman parte central de esta estigmatización.

Desde diciembre, cuando estallaron las protestas luego de la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo, la represión ha dejado 49 muertos por disparos de la policía y del ejército. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias. El informe de la CIDH analiza las matanzas en las zonas andinas de Ayacucho, donde el 15 de diciembre los militares mataron a diez personas, y Juliaca, donde el 9 de enero murieron 18 pobladores por disparos de las fuerzas de seguridad.

La CIDH indica que hubo actos de violencia de algunos manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denuncia que se disparó contra pobladores desarmados lejos de los aeropuertos que un grupo había intentado tomar, por lo que no se trató de una respuesta en defensa de esas instalaciones, como alegan las autoridades, sino de una acción “de carácter persecutorio”. Se denuncia que se disparó a matar apuntando “contra órganos vitales”. Los fallecidos murieron por disparos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la espalda, como han confirmado las necropsias. “Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, denuncia la CIDH. Agrega que al tratarse de “múltiples privaciones del derecho a la vida” estos hechos “podrían calificarse como una masacre”. Se reseñan testimonios de familiares de víctimas que han resultado heridas por la represión que denuncian que son discriminados en los centros de salud, por haber participado en las protestas y por ser indígenas.

“La Comisión condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”, se lee en el informe de la CIDH. Entre sus recomendaciones, se demanda asegurar reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, que incluyen acceso a la justicia y al derecho a la verdad, atención a su salud física y mental, una reparación pecuniaria. El organismo demanda una investigación “célere, seria, eficaz, independiente” realizada por fiscales especializados en derechos humanos, procesos con jueces independientes y sanción para los culpables. Lo contrario a lo que se viene haciendo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cercana a la derecha de la coalición autoritaria que gobierna, ha debilitado las fiscalías de derechos humanos y ha formado un equipo fiscal para estas investigaciones en el que de diez fiscales solamente uno tiene experiencia en casos de derechos humanos. Las investigaciones avanzan lentamente, a ritmo de impunidad.