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Congresista marca la cancha

¿Habrán votado borrachos a Dina? Alejandro Soto presentó proyecto para reformar Ley Seca en las próximas elecciones

El proyecto de ley en Perú propone reducir el tiempo de prohibición de venta de alcohol durante elecciones, buscando proteger la economía de pequeños comercios sin comprometer la seguridad electoral.

Con las elecciones generales de 2026 en el horizonte, el congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, ha presentado un proyecto de ley para reformar la “Ley Seca” en Perú.

Esta norma, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante los comicios, genera pérdidas significativas para miles de negocios. La propuesta busca ajustar su duración para conciliar la seguridad electoral con la estabilidad económica de los comerciantes, inspirándose en modelos de otros países.

En consecuencia, el proyecto de ley Nro. 10993 modifica el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. Actualmente, la restricción se extiende por 48 horas, pero Soto plantea reducirla a 28 horas, desde las 20:00 del día previo a la votación hasta la medianoche del día electoral.

El congresista sostiene que este periodo es suficiente para mantener el orden, eliminando afectaciones excesivas a los negocios, ya que no existe evidencia técnica que respalde una prohibición más prolongada.

Asimismo, la iniciativa destaca el impacto económico de la “Ley Seca” en pequeños comercios, como bodegas, bares y restaurantes. Se estima que las restricciones generan pérdidas de hasta 320 millones de soles por elección, un golpe significativo considerando los posibles cuatro procesos electorales de 2026.

Estas medidas afectan especialmente a sectores populares, donde las ventas de bebidas son esenciales, y podrían incentivar la informalidad al propiciar actividades clandestinas.

Por ello, el proyecto toma como referencia a países como Chile, Argentina y Colombia, donde las restricciones son más flexibles, aplicándose solo durante el horario de votación o por lapsos de 12 a 24 horas. Estas experiencias muestran que medidas menos estrictas, combinadas con fiscalización y educación cívica, no afectan la seguridad de los comicios.

Finalmente, la propuesta aboga por reglas que fortalezcan la democracia sin imponer cargas desproporcionadas. Al acotar la prohibición, se protege el derecho al trabajo y la transparencia electoral. El proyecto será discutido en las comisiones del Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de lograr un equilibrio entre el orden público y el desarrollo económico.

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