Sin embargo, la cumbre no comenzó hasta el 5 de mayo, coincidentemente el mismo día en que se confirmaron los asesinatos y el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se reunió con la presidenta Dina Boluarte y el gobernador César Acuña para abordar la crisis.

A pesar de la gravedad de los hechos, Salhuana guarda silencio en sus redes desde su partida a Estados Unidos. Mientras tanto, el comunicado del Congreso subraya que el congresista decidió suspender su agenda internacional para asumir sus responsabilidades en el país, una decisión que llega tarde tras el impacto de la noticia sobre los mineros de la empresa R&R.

La crisis en Pataz también desató críticas internas en el Parlamento. La congresista Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, acusó a Salhuana de tener vínculos con la minería ilegal, señalándolo como asesor de estas actividades.

Además, cuestionó la aprobación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según ella, ha agravado la situación en la región.

En paralelo, la indignación en el Congreso ha derivado en una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Los parlamentarios lo acusan de minimizar la gravedad del secuestro de los mineros al dudar públicamente de la veracidad de los reportes iniciales, afirmando que no había denuncias formales y que la información era extraoficial, pese a las acciones de patrullaje del Ejército y la Policía en la zona.