Este no es un caso aislado, ya que el Congreso también ha interpuesto cinco solicitudes similares contra otras figuras públicas, como el expresidente Martín Vizcarra, el exprimer ministro Salvador del Solar y los exministros Vicente Zeballos y José Elice.

La acusación contra Sagasti se centra en su decisión de noviembre de 2020, durante su presidencia de transición, de pasar al retiro a 18 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se le señala por presuntas infracciones a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, además de un supuesto delito de abuso de autoridad. Aunque el Congreso aprobó la denuncia constitucional, permitiendo una investigación del Ministerio Público, no logró los votos necesarios para la inhabilitación.

En respuesta, Sagasti remitió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, donde desestimó las imputaciones. En su misiva, calificó el proceso como una “clara tergiversación” de las normas constitucionales, defendiendo la legalidad de sus decisiones durante su gestión.

Así, la reconsideración impulsada por Montoya y Muñante mantiene abierta la posibilidad de que el Pleno reevalúe la sanción contra Sagasti y otros exfuncionarios, en un contexto de persistentes tensiones entre el Legislativo y figuras del pasado político peruano.