Aunque algunos indicadores muestran una leve desaceleración, la percepción de inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

En este contexto, iniciativas como la pena de muerte para delitos como el sicariato y la extorsión —inviables en el marco internacional vigente— ganan espacio entre candidatos que avanzan en las encuestas.

El impacto de la violencia se evidencia en sectores como el transporte, donde conductores son blanco de ataques para presionar pagos ilegales. “Primero fueron llamadas y mensajes. Después, disparos contra los vehículos. Cuando no respondés, avanzan contra las personas”, relató un empresario del rubro.

La expansión del delito encuentra terreno en la informalidad: el 67 por ciento del transporte urbano opera fuera del sistema regulado y, a nivel nacional, esta condición alcanza cerca del 70 por ciento. Además, investigaciones apuntan a que muchas extorsiones se coordinan desde cárceles.

La violencia afecta sobre todo a sectores populares. Comerciantes y trabajadores informales adoptan medidas de autoprotección mientras ajustan sus rutinas laborales ante el riesgo constante.

Con 35 candidaturas en competencia, la elección se desarrolla en un escenario fragmentado y con una demanda clara por respuestas inmediatas, lo que refuerza la presencia de discursos punitivos en toda la campaña.