El problema no radica en la disponibilidad de comida, sino en la capacidad de compra. Con ingresos que no se recuperan desde la pandemia y un costo de vida en aumento, los hogares más vulnerables enfrentan decisiones cada vez más duras: reducir porciones o sacrificar calidad nutricional.

Lejos de revertirse, la pobreza mantiene niveles superiores a los previos a la crisis sanitaria. Mientras otros países de la región lograron recuperarse, en Perú la respuesta estatal fue limitada, dejando a muchas familias libradas a sus propios recursos.

Esto se refleja en la pérdida de activos, el endeudamiento y una fragilidad económica que se arrastra desde antes de 2020.

La situación es más crítica en zonas rurales, donde cerca del 16 por ciento de los hogares vive en pobreza extrema. Incluso destinando todos sus ingresos a alimentos, no logran cubrir la canasta básica.

En Lima, la pobreza pasó de 14 por ciento a cerca de 28 por ciento, duplicando la vulnerabilidad urbana.

Las políticas públicas, diseñadas para un contexto distinto, no se ajustan a esta nueva realidad. Sin respuestas diferenciadas ni redes de protección eficaces, el sistema depende de esfuerzos comunitarios como ollas comunes, que resultan insuficientes frente a una crisis persistente.

El resultado es claro: más pobreza, menos acceso a alimentos y una gestión estatal que no logra adaptarse a un problema que ya cambió de forma.