La Resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia detalla que el pedido se realizó tras la apertura de la Carpeta Fiscal Nro. 15-2026, en la que se investiga al mandatario por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

En el texto oficial se consigna: “Por Solicitud s/n recibida el 29 de enero de 2026, el señor José Enrique Jerí Oré, presidente de la República en funciones, solicita se le brinde defensa y asesoría legal…”.

Aunque la autorización para contratar un abogado con dinero público ya fue aprobada, aún no se conoce el monto que demandará la defensa ni quién será el profesional designado. Según el procedimiento, el Despacho Presidencial realizará primero un estudio de mercado para estimar honorarios, etapa previa a la contratación.

Antecedentes recientes muestran que este tipo de servicios legales suele asignarse sin concurso, mediante invitaciones directas del propio funcionario investigado.

En el caso de Jerí, por ahora no existen documentos públicos que indiquen avances en esa designación, lo que abre interrogantes sobre el uso de recursos estatales y los costos que recaerán sobre los contribuyentes.

La investigación fiscal ya incluyó la declaración del presidente, tomada el 30 de enero en el Palacio de Gobierno. El interrogatorio se centró en encuentros no registrados con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, especialmente una reunión del 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja.

La Fiscalía también indaga los ingresos de Xiaodong a la sede del Ejecutivo, pese a que cumple arresto domiciliario por otra causa. Las autoridades buscan determinar si hubo gestiones irregulares o beneficios indebidos vinculados a esas reuniones.