La iniciativa sostiene que Jerí es responsable político de la aprobación del Decreto de Urgencia Nro. 010-2025, que dispuso medidas extraordinarias para la reestructuración patrimonial de Petroperú y la transferencia de activos a ProInversión.

Para los firmantes, esa decisión abre la puerta a una presunta privatización encubierta y vulnera el interés público.

La moción también incorpora la reunión no registrada del presidente con el empresario chino Zhihua Yang, proveedor vinculado a contratos estatales. El encuentro, realizado en diciembre de 2025, no figura en los registros oficiales de transparencia y se conoció tras la difusión de imágenes del mandatario ingresando de forma encubierta a un restaurante del empresario, episodio bautizado como el ChifaGate.

El respaldo a la vacancia proviene de bancadas como Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Renovación Popular, Acción Popular y congresistas no agrupados. Entre los firmantes figuran Ruth Luque, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Wilson Quispe y María Agüero.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú no suscribieron el pedido.

La Constitución, en su artículo 113, permite la destitución por “incapacidad moral o física”. El trámite exige el apoyo de al menos el veinte por ciento de congresistas para su admisión, cincuenta y dos votos para debatirla y ochenta y siete para aprobarla en el Pleno. De prosperar, se aplica la sucesión prevista en el artículo 115.

Mientras avanza el trámite, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, recordó que “el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”. En paralelo, la Fiscalía de la Nación abrió investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.