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Vínculos bajo la lupa en Palacio de Gobierno

Zhihua Yang: el empresario chino que pasó de reuniones no oficiales a integrar la comitiva presidencial

La presencia del empresario en viajes, reuniones en Palacio y contratos con el Estado reaviva cuestionamientos sobre transparencia y posibles influencias en el Ejecutivo.

El nombre del empresario chino Zhihua Yang, también identificado como Xiguang Yan, ha cobrado protagonismo en la agenda política nacional tras la difusión de una reunión de carácter no oficial con el actual mandatario. Este encuentro ha reavivado el debate sobre sus vínculos con el Ejecutivo y ha puesto bajo escrutinio su cercanía con altas esferas del poder.

A raíz de este hecho, la atención pública se ha desplazado hacia su participación en la delegación que acompañó a la entonces presidenta Dina Boluarte durante su viaje oficial a China en julio de 2024. Según información difundida por diversos medios, Yang formó parte de la comitiva y tuvo presencia en actividades con autoridades del país asiático, un rol que no había sido debidamente explicado en su momento.

La influencia de Zhihua Yang en la política peruana no sería reciente. El dominical Punto Final recordó que el empresario ya había sido mencionado en relación con viajes realizados por varios congresistas a China durante el año 2024. Entre los legisladores involucrados figuran Ilich López, María Agüero y otros parlamentarios cercanos al poder, quienes nunca aclararon el financiamiento ni los objetivos de dichos desplazamientos, generando cuestionamientos sobre la transparencia de estas visitas.

A ello se suman los registros de ingresos a la sede de Gobierno. De acuerdo con el programa Contracorriente, Yang habría ingresado al menos tres veces a Palacio entre diciembre y enero. Llama especialmente la atención una visita registrada el 29 de diciembre, en la que permaneció cerca de tres horas, apenas un día después de que se detectara la presencia de personas del entorno del Ejecutivo en locales vinculados al empresario.

Para Eduardo Herrera, presidente de la asociación civil Defensoría Nacional Anticorrupción, la figura de Yang representa un “poder de facto”. El especialista cuestiona que los acercamientos con el empresariado chino no se canalicen a través de instancias formales como la Cámara de Comercio Peruano-China o la Embajada, sino mediante reuniones que no figuran claramente en las agendas oficiales. En ese sentido, la inclusión de Yang en la comitiva presidencial de 2024 evidenciaría que su influencia trascendió el ámbito parlamentario para instalarse en el entorno directo de Palacio de Gobierno.

En el plano económico, Zhihua Yang ha consolidado un importante grupo empresarial en el Perú a lo largo de más de dos décadas. A través de compañías como American Sam SAC, ha obtenido contratos con el Estado, como la venta de maquinaria a la Municipalidad Provincial del Santa, en Áncash, por más de un millón de soles. Además, se le vincula con empresas del sector construcción y energético, como Hidroeléctrica América SAC, que cuenta con concesiones en la región Apurímac.

El escrutinio sobre estos contratos se ha intensificado tras conocerse su cercanía con figuras políticas, lo que ha motivado pedidos para que las entidades competentes fiscalicen si existió algún tipo de influencia indebida en los procesos de contratación pública.

A estos cuestionamientos se suma un antecedente relacionado con el patrimonio cultural. En 2019, el empresario adquirió un inmueble en el Cercado de Lima, cerca de la Casa de Pizarro, donde levantó un edificio de 13 pisos sin contar con los permisos correspondientes en una zona protegida. El Ministerio de Cultura ordenó la demolición de la estructura a partir del cuarto piso por vulnerar las normas de protección patrimonial; sin embargo, reportes periodísticos indican que el inmueble continuó operando con normalidad.

Estos antecedentes han reforzado las demandas de mayor transparencia sobre el rol que desempeña Zhihua Yang en el entorno político y económico del país, así como sobre los mecanismos de control que deben aplicarse cuando empresarios con fuertes intereses comerciales mantienen cercanía con el poder político.

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