La resolución fue emitida el 15 de diciembre de 2025, luego de que se declarara fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía especializada en lavado de activos el 30 de abril del mismo año.

En su decisión, la magistrada señaló que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales exigidos para incorporar a la agrupación política al proceso.

Durante la audiencia previa, la defensa de Fuerza Popular solicitó que el pedido fiscal sea declarado improcedente. Alegó que no existía una imputación concreta contra el partido y que se habían planteado hasta seis versiones defectuosas de los hechos.

También sostuvo que la investigación preparatoria había vencido el 5 de mayo de 2025, lo que, a su criterio, afectaba el derecho a la defensa y la igualdad procesal.

Estos argumentos fueron rechazados por la jueza Salcedo. La magistrada explicó que el requerimiento fiscal fue presentado dentro de la etapa procesal correspondiente y que su trámite se retrasó por recusaciones reiteradas contra los jueces del caso, promovidas por los investigados. Añadió que, pese a ello, la Fiscalía actuó conforme a ley y dentro de los plazos permitidos.

La tesis fiscal sostiene que en Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal orientada a captar recursos de origen ilícito para obtener poder político.

Según la investigación, el partido habría recibido aportes provenientes de empresas de Joaquín Ramírez y de operaciones irregulares vinculadas a la Universidad Alas Peruanas. Con la incorporación de la persona jurídica, el proceso evaluará eventuales responsabilidades institucionales bajo el marco legal vigente.