El escrito, al que accedió Infobae Perú, señala que el artículo 16 de la Constitución fue modificado por la Ley Nro. 31097, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, estableciendo una obligación expresa para el Poder Ejecutivo: el presupuesto educativo no puede ser menor al seis por ciento del PBI.

Pese a ello, los responsables del planeamiento y ejecución presupuestaria habrían incumplido ese mandato de manera reiterada.

Según Montalvo, las omisiones se repitieron en cada ejercicio fiscal desde la entrada en vigencia de la reforma, configurando un presunto delito continuado de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La acción penal se sustenta en el artículo 454 del Código Procesal Penal, que faculta al fiscal de la Nación a investigar a ministros por hechos cometidos en funciones.

La denuncia sostiene que sí existían recursos suficientes, pero que desde el MEF y la PCM se decidió no asignarlos, afectando a unos 3.2 millones de estudiantes. El documento detalla perjuicios atribuidos a cada funcionario.

En el caso de la ministra Denisse Miralles y del ministro Ernesto Álvarez, se consigna un perjuicio de S/ 14,800 millones por el déficit proyectado en el presupuesto 2026, tramitado sin impulsar cambios para alcanzar el seis por ciento del PBI.

Entre los denunciados figuran exministros del MEF y de la PCM de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte. El pedido incluye iniciar investigación preparatoria y realizar pericias técnicas para determinar el perjuicio exacto, aunque la asignación presupuestal de 2026 no sería modificada.