El presidente de la República, José Jerí, rechazó este lunes calificar como “leyes pro crimen” a un conjunto de normas promovidas y respaldadas por el Congreso, duramente cuestionadas por debilitar instrumentos centrales en la lucha contra el crimen organizado. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, el mandatario sostuvo que responsabilizar a estas reformas del avance de la violencia supone un “error de enfoque” y descartó cualquier iniciativa para revertirlas.

Consultado por los cambios introducidos en la figura de extinción de dominio —clave para la incautación de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas—, Jerí negó que la norma tenga incidencia directa en delitos como la extorsión, el sicariato o el narcotráfico. En lugar de responder a los cuestionamientos de fondo, el jefe de Estado exigió que se especifique qué leyes estarían favoreciendo a las organizaciones criminales, eludiendo así una evaluación política de las reformas impulsadas bajo su gestión.

El presidente sostuvo además que la criminalidad no se sustenta en grandes patrimonios, sino en economías ilegales que operan desde los centros penitenciarios.

Mientras el Gobierno descarta las “leyes pro crimen”, la violencia avanza y la población paga el costo