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Dirigentes del partido Somos Perú

VIDEO | El Ministerio del Interior aseguró que la Policía Nacional ya busca a Ciro Castillo y Ulises Villegas

El ministro Vicente Tiburcio afirmó que no hay privilegios políticos y que la Policía ya ejecuta la ubicación de dos autoridades no habidas.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, salió al frente para responder si el Gobierno ordenó la búsqueda de Ciro Castillo y Ulises Villegas, dos autoridades ligadas a Somos Perú que permanecen no habidas pese a resoluciones judiciales en su contra.

En declaraciones públicas, Tiburcio negó cualquier trato especial por afinidad política y sostuvo: "Desde el Gobierno, (decimos que) nosotros no tenemos privilegio ante nadie. Aquí se tiene que cumplir la ley, que está hecha para todos".

La respuesta llegó en medio de cuestionamientos por la falta de resultados frente a casos que ya cuentan con decisiones judiciales firmes.

El titular del Interior indicó además que la orden operativa ya fue activada dentro de la Policía Nacional del Perú. "Inmediatamente, se ha dispuesto al comandante general para que ubiquen a estas ya otras personas. Esperamos pronto darles el resultado que están solicitando", declaró de forma literal.

Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, tiene vigente una orden de detención preliminar por 15 días, dictada en una investigación fiscal por presunta organización criminal y colusión agravada relacionada con contrataciones públicas. La Policía realizó los procedimientos correspondientes, pero no logró ubicarlo y fue declarado no habido, activándose su búsqueda a nivel nacional mientras su defensa cuestiona la medida.

En el caso de Ulises Villegas, alcalde de Comas, el Poder Judicial ratificó una condena penal efectiva por colusión agravada y ordenó su captura inmediata para cumplir sentencia. Sin embargo, Villegas no se presentó ante las autoridades y continúa prófugo.

Ambos casos involucran a militantes de Somos Perú, partido al que también pertenece el presidente de la República interino, José Jerí, un dato que mantiene la atención pública sobre la ejecución de las órdenes judiciales.

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