Pese a ello, aseguró que su gobierno revisará cada disposición y que no descarta cambios si los análisis técnicos lo exigen.

Jerí sostuvo que ya se abrió un debate académico para evaluar el alcance real de estas normas y que el Ministerio de Justicia organizó un primer encuentro. Afirmó que habrá nuevas actividades y que las conclusiones podrían convertirse en recomendaciones para el Parlamento después del receso.

Subrayó que no asumirá “una posición férrea y restricta”, pues solo en la aplicación práctica se conoce si una ley cumple su propósito.

El Colegio de Abogados de Lima advirtió que al menos trece leyes y un decreto legislativo aprobados por el Congreso actual “atentan contra la seguridad ciudadana y protegen el crimen organizado”.

Entre las medidas que Jerí respaldó están la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia, el blindaje a partidos investigados y trabas para incautar bienes ilícitos. También votó por la prórroga de procesos de regularización minera, señalada como un impulso a la minería informal.

Ninguna de estas normas ha sido derogada, lo que generó marchas de estudiantes, gremios y colectivos en Lima. Transportistas del Callao y la capital también exigieron su anulación.

A nivel internacional, Human Rights Watch pidió revertir o modificar los cambios que debilitaban la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.