Un reportaje de Epicentro TV mostró cómo la deforestación, el narcotráfico y la minería ilegal modifican rápidamente el paisaje ucayalino, justo en el territorio donde el Ejecutivo pretende levantar infraestructura. La iniciativa fue presentada por la congresista fujimorista Jenny López Morales, que evitó explicar por qué insistir en una carretera en un área dominada por sembríos ilegales, rutas de mochileros y concesiones madereras cuestionadas.

Autoridades locales, incluido el alcalde de Atalaya, empujan la integración con Brasil como si solo se tratara de comercio, aunque la evidencia revela que estas rutas también facilitan el avance de redes criminales transfronterizas.

Las comunidades indígenas, directamente afectadas, rechazaron la propuesta. Incluso conformaron una Comisión Transfronteriza para alertar sobre sus impactos. “Somos indígenas y también somos peruanos... los bosques no están en venta y el río no es un negocio”, afirmó un líder indígena a Mongabay.

El trazo de la UC-105 atraviesa zonas donde operan organizaciones criminales que controlan cultivos, pistas clandestinas y procesos de transformación de droga. Monitoreos satelitales detectan narcopistas, deforestación reciente y actividad minera incipiente a pocos metros del camino proyectado.

Preocupa además la expansión del Comando Vermelho, cuya presencia en la frontera Ucayali-Acre fue confirmada por autoridades brasileñas. Expertos en seguridad advierten que, sin mayor presencia estatal, nuevas carreteras podrían acelerar ocupaciones ilegales ya observadas en otras regiones amazónicas.