Los días más sangrientos se registraron poco después de su juramentación. El domingo 12 de octubre hubo doce asesinatos, mientras que el viernes 31 se reportaron once. Los crímenes, repetidos en distintas calles del país, responden a patrones similares: ajustes de cuentas, ataques por sicariato y violencia armada que mantienen a la población atemorizada.

De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, Lima (39) y Huaura (10) concentran la mayor cantidad de homicidios registrados, en su mayoría provocados por proyectiles de arma de fuego, que representan entre el ochenta y el noventa por ciento de las muertes violentas.

A esto se suman veinte fallecimientos adicionales catalogados como “ignorados” o “no se conoce” en los certificados de necropsia, aunque presentan signos compatibles con el uso de armas de fuego. Siete ocurrieron en Lima y tres en el Callao, lo que sugiere un subregistro que podría aumentar las cifras reales.

El estado de emergencia decretado el 22 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao tampoco ha logrado frenar la matanza. Desde su implementación hasta el 4 de noviembre, se contabilizaron veintiún homicidios: dieciocho en Lima y tres en el Callao. A ello se agregan cuatro muertes violentas más —dos en cada jurisdicción— con causas aún no determinadas, pero relacionadas con disparos.

Pese a los patrullajes y operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la medida de excepción no ha tenido efectos concretos en la reducción del crimen letal.

A nivel nacional, la tendencia sigue al alza. Entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2025 se registraron mil ochocientos noventa y cinco asesinatos, aunque las cifras podrían ser aún mayores debido a los retrasos y subregistros en el sistema del Ministerio de Salud.

La violencia se concentra en las zonas urbanas más densamente pobladas, como Lima, Callao, Trujillo, Piura y Huacho, donde predominan los asesinatos por encargo y los conflictos vinculados al sicariato.