“En la práctica no nos sirve”, afirmó el mandatario, antes de solicitar formalmente a sus funcionarios que revisen las normas vigentes en materia de seguridad. Según explicó, los planes anteriores, como los del 2013 y 2018, “tenían una lógica distinta, mucho más operativa”.

La crítica no es nueva, pero esta vez llegó desde la máxima autoridad del Ejecutivo, que insistió en reemplazar las estrategias actuales por políticas “que respondan a la realidad del día de hoy con visión de futuro”.

Jerí aprovechó la ceremonia para vincular la lucha contra la criminalidad con el impulso económico. Aseguró que su gestión prepara un “shock de desburocratización” destinado a simplificar trámites y dinamizar los sectores productivos. En esa línea, pidió a las autoridades policiales y ministeriales promover los cambios legales necesarios para “adecuar las políticas a la realidad actual”.

El presidente también adelantó que el Gobierno prepara nuevas medidas complementarias al estado de emergencia vigente en Lima y Callao, con el objetivo de enfrentar a la delincuencia organizada. “Nunca es suficiente lo que se hace, pero existe una firme decisión de que hay puntos de quiebre, y este es uno de ellos”, señaló.

Jerí aseguró que las próximas acciones apuntarán a un “contraataque” directo a las estructuras criminales. “Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, afirmó, prometiendo una respuesta más agresiva del Estado.

Finalmente, el mandatario pidió a la ciudadanía “confianza” en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Sin embargo, sus palabras generan desconcierto: mientras el crimen avanza y la población exige resultados, el jefe de Estado plantea eliminar el principal marco de planificación en seguridad ciudadana.