Sicarios en moto lo acribillaron a quemarropa mientras manejaba su ruta de Villa El Salvador al Callao, dejando pasajeros aterrorizados y un bus bañado en sangre.

Este crimen es el fracaso estrepitoso de un régimen que gasta en represión de protestas pero ignora el avance del crimen organizado.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), fue tajante: "No vamos a salir. Es un apagado de motores sin marchas ni violencia, pero si hay otro asesinato, pararemos el martes y así sucesivamente".

El paro afectará conos norte, sur y este de Lima, con rutas clave paralizadas: desde la Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C. hasta Nor Lima S.A.C., pasando por Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar y decenas más que suman miles de unidades.

ANITRA aún evalúa sumarse, agotada tras el paro del 2 de octubre –donde 460 empresas exigieron un Grupo Élite contra el sicariato–, pero el hartazgo es unánime: "Falta voluntad política", clama Héctor Vargas de la Coordinadora de Transporte Urbano.

Ojeda dirigió un ultimátum a Boluarte, la presidenta del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el Congreso: "Escuchen este grito de desesperación por la criminalidad que nos asfixia".

La oposición –desde Perú Libre a Fuerza Popular– exige la renuncia de la ministra del Interior y un plan real, no discursos.