La Generación Z desafía al gobierno de Dina Boluarte en contra de la corrupción
Una nueva oleada de protestas sacude Perú desde finales de septiembre. La Generación Z ha salido a las calles de Lima, Cusco, Arequipa y Tacna con un mensaje contundente: "¡No más corrupción, no más inseguridad!".
El movimiento ha puesto en jaque al gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión enfrenta niveles de desaprobación históricos.
#LimaNorte 📢Estuvimos en la Comisaría de Puente Piedra para atender el caso de 17 personas detenidas durante las protestas del 2 de octubre en el marco del paro de transportistas. Durante nuestra intervención, dialogamos con representantes de la Segunda Fiscalía Penal… pic.twitter.com/h3BftDPcV8
— Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 3, 2025
Las cifras son demoledoras. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado, el 93,8 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión de Boluarte.
Otro sondeo de Datum revela que el 79 por ciento siente vergüenza del gobierno y el 85 del Congreso.
Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.
Sin embargo, su llegada no trajo la estabilidad prometida en una nación donde la mayoría de presidentes electos desde 1990 han enfrentado problemas judiciales por corrupción.
Las tensiones explotaron tras la aprobación de una reforma al sistema de pensiones que obligaba a los jóvenes a afiliarse a fondos privados, en un país donde más del 70 por ciento trabaja en la informalidad.
La medida se percibió como un ataque directo a la juventud. "Somos la Generación Z, estudiantes y trabajadores, que decimos basta ya a la corrupción, a la inseguridad y a la indiferencia de quienes gobiernan de espaldas al pueblo", señaló un pronunciamiento del colectivo "Jóvenes líderes del Perú".
Este movimiento se distingue por no responder a partidos ni caudillos, sino ser una expresión ciudadana espontánea.
Los manifestantes articulan sus exigencias en cuatro ejes: rechazo a la corrupción y al control político de instituciones como la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia; justicia por las muertes en las protestas de 2022, cuando al menos 60 personas fallecieron por uso desproporcionado de la fuerza según Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo; rechazo a leyes de amnistía consideradas un retroceso democrático; y soluciones a la crisis de inseguridad.
El país vive una emergencia de seguridad alarmante. Más del 75 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro y el 63 cree que la situación ha empeorado.
En 2024 se registraron más de 1.600 homicidios, muchos vinculados al crimen organizado.
El sector del transporte público ha sido especialmente golpeado, con 47 choferes asesinados en lo que va del año.
Este jueves, el gremio de transportistas paralizó el país, logrando un acuerdo con el Congreso para crear un grupo élite contra la extorsión que reúne a policía, fiscalía y poder judicial.
Durante las protestas del 2 de octubre en el marco del paro de transportistas, 17 personas fueron detenidas.








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