Lejos de recomponer el vínculo con la ciudadanía, la mandataria se enfrenta a acusaciones de enriquecimiento ilícito, escándalos por relojes de lujo y un Congreso aliado que aprueba leyes en beneficio de las élites mientras la crisis social se profundiza.

La protesta, que comenzó contra la reforma previsional que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados pese a la informalidad laboral que supera el 70 por ciento, se transformó en una rebelión política contra el gobierno y el Parlamento. La bandera de One Piece, convertida en símbolo de resistencia, volvió a verse en las marchas.

El último sábado las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía: jóvenes arrojaron piedras y bombas incendiarias, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y perdigones de goma. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 18 civiles y un periodista resultaron heridos, además de un policía con quemaduras por una bomba molotov.

Para este domingo ya hay nuevas convocatorias, encabezadas por transportistas y colectivos juveniles que llaman a protestar contra la corrupción, las extorsiones y la violencia. Perú se encamina a las elecciones de 2026 con un gobierno debilitado, un Congreso desprestigiado y una ciudadanía que parece haber perdido la paciencia.