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¿Y las pruebas son armadas también?

Se hace la desentendida: Boluarte desafía al Ministerio Público y tilda de arbitrarias sus investigaciones

Dina Boluarte desestima investigaciones del Ministerio Público como intentos de desestabilización, tras la exposición del audio que implica a sus ministros Eduardo Arana y Juan José Santiváñez. (Dibujo: NOVA)

La presidenta Dina Boluarte intensificó sus críticas al Ministerio Público, calificando sus investigaciones como “carpetas sin sustento jurídico” destinadas a desestabilizar su gobierno. En un evento en Palacio de Gobierno, la mandataria defendió la legitimidad de su gestión y aseguró que, al concluir su mandato el 28 de julio de 2026, entregará un país transformado “con manos limpias”.

El pronunciamiento se da tras la difusión de un audio de septiembre de 2024, revelado por Panorama, que involucra al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en una conversación sobre supuestos favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, un policía condenado por vínculos con la banda criminal ‘Los K y K’.

En la grabación, Santiváñez pide a Arana gestionar un cambio para Salirrosas, detenido desde 2016, mientras Arana promete ocuparse del tema. Boluarte, acompañada de Arana, desestimó las acusaciones y afirmó que los fiscales “abren carpetas por doquier” sin base legal, acusándolos de intentar distraerla de su labor de gobernar.

“No nos intimidan. Estamos enfocados en el desarrollo del país”, señaló, reafirmando su valentía frente a lo que calificó como un intento de copar el poder desde las sombras.

Arana, por su parte, negó la autenticidad del audio ante el Congreso y rechazó cualquier responsabilidad, alegando motivos políticos detrás de la filtración. Santiváñez, investigado en 12 casos fiscales, defendió que no hay “conducta criminal” en la grabación y justificó su rol como exabogado de Salirrosas.

La postura de Boluarte, que también defendió a su hermano Nicanor frente a nuevas pesquisas, refuerza la percepción de un gobierno que evade la rendición de cuentas, mientras las sospechas de corrupción en su entorno crecen.

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