Colchado, que hoy convoca a una conferencia de prensa junto a su abogado Miguel Pérez Arroyo, no se guarda nada. Apunta directo a Dina Boluarte y su entorno, acusándolos de orquestar una persecución para silenciarlo.

Su retiro forzado, ordenado desde el 1 de enero de 2025, huele a venganza tras liderar investigaciones como el Rolexgate y el caso Waykis en la sombra, que salpican al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. El exjefe de la Diviac no se muerde la lengua: dice que este gobierno es “más corrupto que el de Pedro Castillo” y que Boluarte acabará en prisión, como sus antecesores.

También carga contra el Congreso por aprobar normas que, según él, amarran las manos a la Policía frente al crimen organizado. Pero el golpe más duro lo reserva para Juan José Santiváñez, el cuestionado ministro de Justicia que volvió al gabinete.

Colchado lo señala como un peón de Boluarte para entorpecer investigaciones y blindarse con inmunidad, mientras impulsa una reforma judicial y el retiro del Perú de la Corte IDH para esquivar responsabilidades por las muertes en las protestas. La defensa de Boluarte, a través de Juan Carlos Portugal, niega cualquier injerencia, pero las sospechas persisten.

Colchado, antes aplaudido por su trabajo, ahora es un estorbo para un gobierno que parece jugar sucio. Su denuncia no es solo un grito de alerta, sino un desafío a un régimen que no tolera críticas.