Resguardar este derecho es clave para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente el ODS 3, sobre salud y bienestar, y el ODS 5, sobre igualdad de género.

La salud sexual integral tiene un impacto directo en la reducción de brechas de género y la prevención de embarazos adolescentes. Según la OMS, garantizar educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud ayuda a sostener la trayectoria educativa de niñas, niños y jóvenes, mejorar la salud materna, reducir matrimonios infantiles y promover la igualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En América Latina y el Caribe, donde la tasa de embarazo adolescente es la segunda más alta del mundo, se estima que la maternidad temprana cuesta alrededor de 15.300 millones de dólares anuales en 15 países de la región.

El respeto a la diversidad y la interculturalidad también es central en la salud sexual integral. En Perú, por ejemplo, 204 centros de salud ofrecen atención con pertinencia cultural a mujeres de distintas etnias indígenas, muchas de las cuales no hablan español y buscan prácticas de parto vertical.

Organizaciones como Pro Mujer, en cooperación con la OMS, trabajan desde hace 35 años para mejorar el bienestar integral de las mujeres latinoamericanas con un enfoque preventivo, inclusivo y centrado en sus necesidades, fortaleciendo el empoderamiento y la alfabetización en salud de las mujeres, esenciales para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Además de los beneficios sociales, invertir en salud sexual integral tiene un impacto económico significativo. En Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral y políticas similares en la región han logrado reducir la fecundidad adolescente hasta en un 64 por ciento entre 2005 y 2023, mientras que la de niñas de 10 a 12 años descendió un 72 por ciento entre 2017 y 2023.

Según el Instituto de Salud McKinsey, reducir la brecha de mala salud entre mujeres y hombres permitiría que 137 millones de mujeres accedan a empleos de tiempo completo para 2040, generando un impacto económico de al menos un billón de dólares anuales.

La evidencia es clara: invertir en salud sexual integral no solo protege derechos y vidas, sino que también impulsa la equidad de género y el desarrollo económico sostenible.