El Ministerio Público no anda con juegos: busca desentrañar una supuesta contratación irregular de abogados para policías, cobros indebidos para mantener a generales en la Policía Nacional y favores a la minera El Dorado.

Documentos incautados de cinco investigados engrosan el expediente, pero Nicanor, con un descaro que ya es marca registrada, salió a los medios a jurar que es un perseguido político, que la Fiscalía “sale a pescar” sin pruebas y que todo esto es solo porque lleva el apellido Boluarte. Claro, como si ser hermano de la presidenta no viniera con un historial de cuestionamientos.

La sombra del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, también cae sobre el caso. Censurado antes por el Congreso por su inutilidad contra la delincuencia como ministro del Interior, ahora lo señalan por supuestamente interceder para que El Dorado contratara a Nicanor, dándole un supuesto “arraigo laboral” para esquivar la prisión preventiva en otra investigación por tráfico de influencias. Santiváñez, según el programa Panorama, también habría movido hilos en operativos policiales que beneficiaron a clientes de su estudio jurídico.

Tras más de diez horas de registro, Nicanor se plantó ante las cámaras, negando todo: no conoce a Santiváñez, no tiene tratos con El Dorado, y los allanamientos son un circo para “perturbarle la vida”, se excusó.