Ahí también opera Marco Palacios, abogado del ministro en una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza. Santiváñez, con su habitual descaro, intentó lavarse las manos ante Punto Final: “Que Palacios comparta oficina con Tenorio es asunto de ellos. Esa es la dirección que me dio para mi defensa”.

El caso Ícaro no tiene que ver con Los Waykis en la Sombra, donde Nicanor ya está enredado. Según la periodista Karla Ramírez, la investigación apunta a los intereses del Estudio Santiváñez en la Mina El Dorado cuando el ahora ministro de Justicia era titular del Interior.

Hay indicios de que se trasladaron efectivos desde Lima a Ayacucho para un operativo en esa mina, que habría intentado contratar a Nicanor Boluarte por unos meses para evitar su prisión preventiva en el caso Waykis.

El descaro no termina ahí. Ícaro también indaga presuntas irregularidades en la Defensoría de la Policía, cobros para mantener generales en sus puestos y ocultamiento de pruebas. Nicanor, quien ya estuvo detenido por Los Waykis y logró evadir la prisión preventiva, fue visto entrando al menos siete veces al edificio de Tenorio tras quedar libre.

Su abogado, Luis Vivanco, lo defiende con uñas y dientes: “No conoce a Santiváñez ni a Tenorio. Esto es un abuso”. Mientras tanto, el Eficcop sigue desentrañando la red de influencias que rodea al Gobierno. Los allanamientos de este miércoles son solo el comienzo.