Pero, ojo, no con todos: los que protestan, esos que ella asocia al "caos" y a "grupos extremistas", siguen fuera de la ecuación.bLa mandataria, cuya gestión está bajo la lupa por denuncias de enriquecimiento ilícito y negocios turbios —señalados por los propios mineros y ciudadanos de a pie—, parece usar el sillón presidencial no para servir al pueblo, sino para blindar sus intereses.

Mientras acusa a la minería informal de costarle al país 7.500 millones de soles en impuestos y dañar el medioambiente, evade con maestría las acusaciones que la vinculan a maniobras espurias. ¿Coincidencia? Difícil de creer.

Este lunes, Boluarte se sienta con figuras de peso como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, además de gremios mineros.

El objetivo: abordar la formalización, pero solo para los que ya están en el Reinfo. Los 50.000 mineros que luchan por inscribirse, y que intensificaron protestas ante el cierre del registro el 31 de diciembre, no tendrán cabida en esta mesa.

Con un tono que mezcla soberbia y cálculo político, Boluarte insiste en que no dialogará con quienes "promueven la violencia".

Pero, ¿y la violencia de un desgobierno que ignora a miles de trabajadores mientras se le señala por enriquecerse a costa del erario público? Esa, al parecer, no está en la agenda.