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Qali Warma

Dina y su dieta de escándalos: un funcionario de Boluarte habría beneficiado a distribuidores de arroz

El Ministerio Público ha solicitado una prórroga de 36 meses de impedimento de salida del país contra Hinojosa, en el marco de una investigación por supuestos actos de corrupción. (Dibujo: NOVA)

El nombre de Fredy Hinojosa, actual vocero presidencial de Dina Boluarte y exdirector del programa Qali Warma, vuelve al centro de la polémica por su presunto rol en una trama de corrupción vinculada a la distribución de arroz fortificado en escuelas públicas.

Acusaciones por contratos direccionados, normativas hechas a medida y empresas favorecidas alimentan un caso que pone en entredicho la transparencia en el sistema de compras del Estado y salpica directamente a Palacio de Gobierno.

El Ministerio Público ha solicitado una prórroga de 36 meses de impedimento de salida del país contra Hinojosa, en el marco de una investigación por supuestos actos de corrupción durante su gestión en Qali Warma. Según la Fiscalía, el ahora asesor presidencial habría integrado una red criminal que benefició a proveedores específicos de alimentos, como Frigoinca, empresa implicada en intoxicaciones escolares y presuntas fallas sanitarias.

Un millonario negocio detrás de una promesa de salud

El arroz fortificado fue presentado en 2019 como una solución para combatir la anemia infantil. Sin embargo, según se reveló su inclusión en el menú escolar respondió más a intereses empresariales que a evidencia científica.

La investigación periodística detalla cómo, durante la gestión de Hinojosa, se modificaron regulaciones para favorecer a la empresa Maquilak —ligada a la familia Castro Yangali— en alianza con la multinacional holandesa DSM, única proveedora nacional del grano símil, un insumo clave en la fórmula del arroz fortificado. Documentos muestran que Gabriela Lock, entonces gerente de DSM en Perú, tuvo un rol activo en espacios técnicos del Ministerio de Salud que definieron esos estándares.

Entre 2019 y 2022, las condiciones de licitación exigían el uso del grano símil en un 2 por ciento del producto final, lo que excluyó automáticamente a otros proveedores. Esta exclusividad permitió que, entre 2020 y 2025, las empresas de la familia Castro Yangali obtuvieran más de 150 contratos por más de 560 millones de soles, siempre en sociedad con DSM.

Advertencias ignoradas

La Contraloría General de la República emitió al menos dos informes —en 2020 y 2021— advirtiendo que las normas adoptadas bajo la gestión de Hinojosa favorecían a empresas específicas y comprometían la imparcialidad del proceso de compras. “El programa orientó la adquisición del grano símil a empresas específicas, afectando la imparcialidad del proceso”, señaló el organismo. Pese a ello, no se realizaron correcciones durante su administración.

Sin pruebas de efectividad, pero con respaldo político

Más allá de las sospechas de corrupción, el arroz fortificado tampoco ha demostrado eficacia. Según *Salud con Lupa*, no hay estudios en escolares que verifiquen su impacto sobre la anemia. Los ensayos clínicos previstos en Lambayeque y San Martín nunca se concretaron por la pandemia, y las únicas pruebas realizadas fueron con adultos.

El endocrinólogo Gustavo Gonzales, presidente de la Academia Nacional de Medicina, advirtió en un estudio publicado en mayo de 2025 que “no existen evidencias de que el arroz fortificado esté resolviendo la anemia escolar”. Además, alertó sobre los riesgos de suministrar hierro a niños sin deficiencias, lo que podría afectar su desarrollo.

A esto se suma la falta de controles sobre el producto final que llega a los colegios, la ausencia de estándares de textura y sabor, y la carencia de guías claras de preparación. Muchas familias, especialmente en Lima, reportan que el arroz no es consumido por los niños y termina desechado.

Un producto cuestionado que se sigue expandiendo

Pese a las denuncias, las dudas científicas y las advertencias técnicas, el Congreso decidió por ley extender el uso del arroz fortificado a todos los programas de nutrición social y fomentar su venta en supermercados. La política pública continúa promoviendo un producto sin aval técnico, mientras persisten las sospechas de que su implementación responde menos a un objetivo sanitario que a intereses económicos, con Fredy Hinojosa como pieza clave de la trama.

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