“Son millones y millones de divisas que pierde el Perú”, dijo, pintando un panorama donde la formalización es la panacea. Pero su discurso omite la complejidad del sector: miles de pequeños mineros, atrapados en un limbo burocrático, exigen la ampliación del Reinfo y una ley que contemple la realidad de la minería artesanal.

El gobierno, en su cruzada contra la informalidad, anuló registros del Reinfo con más de cuatro años, desatando la furia de los mineros. Máximo Franco, líder de Confemin, no se anda con rodeos: la lucha ya no es solo por el trabajo, sino por derechos básicos.

Mientras tanto, nuevas delegaciones mineras se alistan para llegar a Lima y presionar al Congreso, que parece mirar el conflicto desde la comodidad de sus curules. Boluarte, fiel a su estilo, también lanzó una advertencia: la violencia y el “negacionismo” debilitan la democracia.

Pero, ¿quién está negando qué? Los mineros no piden favores, sino soluciones. Y el Gobierno, en lugar de tender puentes, opta por señalarlos como los villanos de una historia donde la corrupción y la ineficiencia estatal tienen un papel protagónico.