La lista de los implicados es un desfile de expedientes judiciales: Diego Bazán, investigado por falso testimonio en el caso Pedro Castillo y peculado por usar fondos públicos para su cumpleaños en Trujillo; María Córdova, bajo la lupa por mentir en su declaración jurada al ocultar su cargo en Lot Plus S.A.C.; y Jorge Montoya, señalado por homicidio calificado tras alentar el uso excesivo de la fuerza policial en protestas contra Dina Boluarte.

A ellos se suman Alejandro Muñante, acusado de cohecho tras coordinaciones para copar la JNJ, según el colaborador Jaime Villanueva; y Patricia Chirinos, envuelta en el caso de organización criminal ligado a Benavides.

Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan pesquisas por organización criminal, mientras María Jáuregui Martínez y Norma Yarrow son investigadas por cohecho.

Por el lado de Honor y Democracia, Montoya reaparece con una denuncia por negociación incompatible por beneficiarse con doble sueldo; José Cueto está en la misma situación, y Javier Padilla es acusado de pedir reembolsos por combustible en días sin actividad oficial.

La propuesta de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, no es más que un intento burdo de blindarse ante la justicia. Mientras estos congresistas se pavonean como reformadores, sus expedientes revelan una hipocresía que indigna. ¿Reorganizar la Fiscalía o salvar el pellejo? La respuesta es clara.