El proceso para contratar al abogado defensor, José Mandujano Rubín, se formalizó el 30 de junio tras una licitación autorizada el 12 de mayo por la Resolución Nro. 000050-2025-DP/SSG, emitida por el Despacho Presidencial. Este aval, respaldado por un informe de Asesoría Jurídica, ha generado críticas por el uso de fondos públicos en un caso que involucra a un alto funcionario de confianza de Boluarte.

La investigación también salpica a congresistas de Perú Libre como Américo Gonza, Kelly Portalatino, Jaime Quito, María Agüero, Janet Rivas y Waldemar Cerrón, señalados por supuestamente blindar a Cerrón.

Además, el gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, fue mencionado en la denuncia por presuntas coordinaciones para resguardar al líder fugitivo, quien, según el congresista Edwin Martínez, se escondería en Caylloma, Arequipa.

Martínez reveló en Canal N la existencia de un USB con chats que evidenciarían estas maniobras. El caso se complica con audios que involucran a Kelly Portalatino, quien habría alertado a Cerrón sobre un operativo fallido en el condominio Mikonos, en Asia.

Este episodio desató cuestionamientos no solo a Vílchez, sino también a Boluarte, por el uso del vehículo presidencial en circunstancias poco claras. En el marco del caso Cofre, la Comisión de Fiscalización del Congreso investiga el supuesto encubrimiento y las reuniones de la presidenta en Asia Sur.

Sin embargo, información clave, como la bitácora del vehículo oficial, fue declarada reservada por una resolución firmada por Vílchez, lo que obstaculiza las pesquisas y refuerza las críticas hacia la opacidad de la gestión de Boluarte.