La resolución judicial no deja lugar a dudas: la permanencia de Benavides en el cargo pondría en jaque la objetividad de las investigaciones en curso. Y no es para menos.

La exfiscal está señalada por liderar una presunta organización criminal, tejiendo pactos oscuros con congresistas para blindarse políticamente a cambio de archivar sus casos. Cinco denuncias constitucionales duermen en el Congreso, ese mismo que el gobierno de Boluarte defendió con uñas y dientes para mantener a Benavides en el poder.

El fallo llega en un momento de crisis aguda en el Ministerio Público, donde el enfrentamiento entre Benavides y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expuso las costuras de una institución corroída por pugnas de poder.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentó, con una resolución polémica, restituir a Benavides, incluso amenazando con usar la fuerza pública. Pero Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos se plantaron, cuestionando la legalidad de esa maniobra que olía a favor político.

La suspensión de Benavides desnuda el fracaso del Ejecutivo por sostener a su aliada en el cargo. ¿Coincidencia? Difícil creerlo cuando el Gobierno jugó todas sus cartas para protegerla.

Ahora, con los jueces poniendo freno a su influencia, la pregunta es si la justicia podrá avanzar sin los tentáculos de la política. Por lo pronto, la jueza apeló a fallo judicial que la suspendió y espera a que el PJ vuelva sobre sus pasos.