El “Caso Cirugías” es el último clavo en el ataúd de una gestión que nunca despegó. Según el informe, Boluarte se realizó una rinoplastia, septoplastia, blefaroplastia y hasta se puso hilos tensores, todo mientras el país creía que estaba gobernando.

Durante esos días, su agenda oficial fue un desierto: una videollamada fugaz el 5 de julio fue todo lo que ofreció. Ni un memorando, ni un traspaso formal de funciones al Congreso, como manda la Constitución. Nada. La presidenta, al parecer, prefirió el bisturí al despacho.

El cirujano Mario Cabani, quien destapó el escándalo con cartas notariales, no pudo declarar ante la Comisión por presiones de Boluarte y su abogado. ¿Intimidación? Quizás. Lo cierto es que el informe, impulsado por el congresista Juan Burgos, acusa a la mandataria de “abandono de funciones” y un “quiebre moral” que justificaría su salida.

Pero no queda ahí: el “Caso Cofre”, donde un vehículo presidencial habría ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón, también engrosa la lista de reproches.
La ironía es que Boluarte, quien asumió el poder tras el golpe fallido de Pedro Castillo, parece empeñada en demostrar que no está a la altura del cargo.

Entre los relojes Rolex, las protestas reprimidas y ahora este circo quirúrgico, su aprobación no levanta cabeza. La oposición, con Perú Libre y otras bancadas a la cabeza, ya recoge firmas para una moción de vacancia, pero los 87 votos necesarios en el Pleno parecen una quimera. Fuerza Popular y Avanza País, siempre calculadores, guardan silencio.

El premier Eduardo Arana, fiel escudero, dice que el informe “no tiene valor”. El abogado de Boluarte lo llama “ridículo”. Pero el daño está hecho: la imagen de una presidenta retocándose el rostro mientras el país se desmorona es imborrable.