El último acto de esta tragicomedia política es la aprobación en el Congreso de una nueva ley de amnistía, la segunda en menos de un año, que busca blindar a responsables de atrocidades cometidas entre 1980 y 2000.

Esta norma, un insulto a la memoria de las víctimas, podría beneficiar a autores de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres.

Más de 750 casos, incluidos 156 con sentencia firme, quedarían en el limbo, en abierta violación de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Como si la justicia fuera un estorbo, el Congreso de Boluarte ignora que la Corte considera estas leyes “viciadas de nulidad” y sin valor jurídico.

Pero el descaro no termina ahí. Eduardo Arana, flamante presidente del Consejo de Ministros, tuvo la osadía de sugerir que Perú podría abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), una de las pocas salvaguardas que les quedan a miles de peruanos frente a un Estado que los pisotea.

Esta amenaza, lanzada con una mezcla de arrogancia y torpeza, coincide con la hipócrita postulación de un jurista peruano a la Corte IDH y el respaldo a la reelección de un colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Coherencia? En este gobierno, un lujo inexistente.

Las organizaciones internacionales no se andan con rodeos: esto no es un desliz, sino una estrategia deliberada para desmantelar la rendición de cuentas, perpetuar la impunidad y consolidar un régimen autoritario.

El precedente está fresco: en diciembre de 2023, la Corte IDH declaró a Perú en desacato por liberar al exdictador Alberto Fujimori, desoyendo órdenes relacionadas con las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Boluarte, lejos de rectificar, parece empecinada en profundizar esta deriva.

El pronunciamiento exige que los Estados de la OEA alcen la voz en la Asamblea General y que la CIDH incluya a nuestro país en el Capítulo IV.B de su informe anual, reservado para los países que hacen retroceder los derechos humanos.

También piden a la Corte IDH que analice el “desacato reiterado” del Estado peruano y lo lleve ante la OEA. Al Congreso y al Ejecutivo, las organizaciones les demandan lo obvio: que dejen de sabotear la justicia y respeten sus obligaciones internacionales.

El Perú de Boluarte, sin embargo, parece cómodo en su senda de impunidad. Mientras las víctimas de décadas de violencia claman por justicia, el gobierno y sus aliados en el Congreso les responden con leyes que protegen a los verdugos.

La comunidad internacional tiene ahora la palabra: o actúa con firmeza o será cómplice de este retroceso. Porque, como advierten CEJIL, DPLF y WOLA, “Perú no puede continuar en la senda de impunidad y regresión sin enfrentar consecuencias”.