La escena en Abancay fue digna de un circo: medios de comunicación, detractores gritando su repudio, supuestos simpatizantes —probablemente pagados— y un contingente policial que parecía más preparado para un motín que para un trámite administrativo. Benavides, flanqueada por sus abogados y con el mutismo de quien sabe que no tiene mucho que defender, ingresó al edificio sin soltar palabra.

La resolución de la JNJ, un mamotreto de 22 páginas que parece escrito para confundir, no solo limpia el historial disciplinario de Benavides como por arte de magia, sino que se atreve a ordenar su reposición como máxima autoridad del Ministerio Público.

¿El problema? La JNJ no tiene ni el poder constitucional ni la legitimidad para meterse en un cargo que se define por votación interna entre fiscales supremos. Como bien señaló el abogado Carlos Caro, “la JNJ no es juez constitucional para ‘reponer las cosas al estado anterior’”.

Esta maniobra no es solo un atentado contra la democracia interna del Ministerio Público, sino una bofetada a la transparencia y al sentido común. En menos de una semana, la JNJ demostró que su prioridad no es la justicia, sino el reciclaje de figuras cuestionadas.

¿Qué favores se están pagando? ¿Qué oscuros acuerdos sostienen esta decisión? El Gobierno peruano, cómplice por omisión o acción, permite que el sistema judicial sea manoseado mientras el país observa atónito.

La reposición de Benavides no solo pisotea la elección de Espinoza, sino que pone en jaque la credibilidad de una institución clave. Si la JNJ cree que con resoluciones opacas puede imponer autoridades a dedo, está muy equivocada.