Esta aberración legislativa, que espera una segunda votación y la firma de la presidenta Dina Boluarte, no solo hipoteca la soberanía del país al despreciar el derecho internacional, sino que consagra la impunidad para quienes masacraron comunidades campesinas, en su mayoría civiles indefensos, incluidos niños.

La ley, un calco de la amnistía fujimorista de 1995 –anulada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, beneficia a represores mayores de 70 años, es decir, la gran mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace tres décadas. Con esto, 156 sentenciados saldrán libres y más de 600 procesos judiciales serán archivados.

Es un golpe directo a las víctimas, como Teófila Ochoa, quien a los 10 años sobrevivió a la masacre de Accomarca en 1985, donde militares asesinaron a 69 personas, incluidos 20 niños. “Han matado, han quemado a nuestros seres queridos, y hoy quieren que los asesinos sean libres. Mi pueblo está llorando”, declaró Ochoa, reflejando el dolor de miles.

El discurso negacionista de los promotores de esta ley, que tildan a los represores de “héroes antiterroristas”, recuerda las tácticas del presidente argentino Javier Milei y parecen haberse normalizado cada vez más. Mientras tanto y de este lado, afirman que no hubo violaciones a los derechos humanos, sino “acciones de guerra”, ignorando que las víctimas fueron en su mayoría campesinos desarmados.

Organismos de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, condenaron esta “impunidad inaceptable” que viola tratados internacionales. “Esta amnistía golpea la memoria y la dignidad de los pueblos”, afirmó Tania Pariona, su secretaria ejecutiva.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, señaló que los jueces pueden negarse a aplicar esta ley por contravenir el derecho internacional, como ya ocurrió con la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad aprobada en 2024.

“Los jueces tienen jurisprudencia sólida para rechazar esta amnistía”, aseguró. Gloria Cano, de Aprodeh, confirmó que ya se han presentado denuncias ante la Corte Interamericana y la ONU para frenar esta aberración.

Horas después de la votación, el Ejecutivo anunció una comisión para evaluar el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, un movimiento que confirma su desprecio por la justicia y la memoria de las víctimas.