Arana destacó que “la delincuencia organizada internacional demanda respuestas firmes y concertadas. Por ello, hemos explorado alternativas de colaboración bilateral para el traslado de reos de alta peligrosidad, considerando instalaciones como el CECOT en El Salvador”.

Este centro, emblemático de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, genó notoriedad por su capacidad para contener a criminales de alto perfil.

La propuesta surge como una medida para descongestionar las cárceles peruanas, desmantelar redes delictivas que operan desde los penales y fortalecer la autoridad estatal.

Sin embargo, el primer ministro no precisó si ya existe un acuerdo formal con El Salvador ni con otros países para la transferencia de estos internos. La Agencia Peruana de Noticias intentó obtener más detalles de la oficina de Arana, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta nota.

Datos oficiales de marzo revelan que en Perú hay 3.995 reclusos venezolanos, la nacionalidad predominante, seguidos por 780 colombianos, 161 ecuatorianos, 84 mexicanos y 70 bolivianos, entre otros.

Las 69 cárceles del país albergan a 101.302 internos, superando ampliamente su capacidad de 41.764 plazas, lo que genera un hacinamiento del 143 por ciento.

La iniciativa también busca compensar la falta de inversión en infraestructura penitenciaria y seguridad en Perú, un problema estructural que llevó a la mala administración de Dina Boluarte a recurrir a la experiencia de Bukele, quien logró reducir drásticamente la inseguridad en El Salvador con políticas contundentes.

Arana mencionó que se están gestionando recursos de bancos de desarrollo para construir nuevos penales, aunque la dependencia de soluciones extranjeras evidencia las carencias del sistema local.

El CECOT, además, ya ha recibido a más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos tras el retorno de Donald Trump a la presidencia, bajo un acuerdo que incluye compensaciones económicas para El Salvador.