El tratado, aprobado por la ONU en 2023, pretende regular dos tercios de los océanos fuera de jurisdicciones nacionales, creando áreas protegidas y controlando actividades como la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética.

El Ejecutivo lo vende como un boleto de entrada a la “inversión azul”, con fondos y cooperación para la conservación marina, además de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en las calles y puertos peruanos, la firma huele a traición.

El canciller Elmer Schialer salió al paso, asegurando que el tratado no toca las 200 millas de dominio marítimo consagradas en la Constitución. “Lo firmamos como Estado no parte de la Convemar, reafirmando nuestra soberanía. Quien diga lo contrario, miente”, afirmó en RPP. Hugo de Zela, exvicecanciller, respaldó esta postura, tildando de “ignorantes” a los críticos, pues el BBNJ no afecta aguas nacionales. El acuerdo, además, debe pasar por el Congreso, donde probablemente será diseccionado en un debate tan caótico como el hemiciclo.

Sin embargo, el fuego no se apaga. La Sociedad de Comercio Exterior, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería alzó la voz, denunciando que el tratado impone restricciones que estrangularán la pesca, pilar de miles de empleos y de la seguridad alimentaria.

En un comunicado, acusaron al BBNJ de ser una maniobra de ONGs foráneas para “aniquilar sectores productivos” y frenar la inversión privada. Para ellos, Boluarte ha dado un zarpazo a la economía nacional.

La firma de este tratado, disfrazada de compromiso ambiental, expone la torpeza de un Gobierno que actúa sin consultar a los sectores clave. Mientras Boluarte se pasea por foros globales, en el Perú crece la percepción de que el mar, ese emblema de lucha y soberanía, está siendo rifado. ¿Otro traspié de una presidenta que parece gobernar para las cámaras y no para el país?