La desaprobación ciudadana hacia Adrianzén es consistente en todo el país, con un 76 por ciento en Lima y un 74 por ciento en el interior apoyando su destitución. Este rechazo no solo se refleja en la opinión pública, sino también en la mayoría de las bancadas parlamentarias, que ven con desconfianza su gestión.

La percepción negativa se agrava por los errores del premier, su temperamento impulsivo y su lealtad incondicional a la presidenta Dina Boluarte, lo que ha deteriorado aún más su imagen.

En este contexto, la encuesta de Ipsos revela que solo el 4 por ciento de los peruanos aprueba la gestión de Adrianzén, un nivel de apoyo alarmantemente bajo que lo sitúa cerca de la presidenta Boluarte, quien cuenta con apenas un 2 por ciento de respaldo. Aunque su aprobación no ha caído al 0 por ciento que ostenta Boluarte en el norte del país, el 4 por ciento marca el punto más bajo en su trayectoria como jefe del gabinete.

Por otro lado, Adrianzén intentó presionar al Congreso al advertir que su censura podría desencadenar una crisis política mayor, incluso la disolución del Parlamento. En una conferencia de prensa, señaló que, si es destituido, el nuevo gabinete debería solicitar un voto de confianza dentro de los 30 días.

De no obtenerlo, la presidenta estaría facultada para disolver el Congreso, dejando activa solo la Comisión Permanente. Esta declaración generó controversia, ya que implicaría una reconfiguración total del gobierno, con todos los ministros presentando su renuncia.

No obstante, tras la polémica, Adrianzén moderó su postura en una publicación en X, donde afirmó su compromiso con la democracia y el respeto a los poderes del Estado. “Mi talante democrático y mi respeto irrestricto a los poderes del Estado no pueden ni deben ponerse en duda”, escribió, etiquetando la cuenta oficial del Congreso.

Esta retractación, sin embargo, no parece haber mitigado el descontento generalizado hacia su gestión, mientras el país espera la decisión del Parlamento sobre su futuro.