En este contexto, el Ejecutivo destinó S/1.061.200 específicamente para solventar los gastos legales de Boluarte, Toledo y Humala. Por ejemplo, para la defensa de la actual mandataria, se pagaron S/180.000 al abogado Joseph Campos, según un contrato firmado el 5 de abril del año pasado.

Cabe destacar que Campos representó a Boluarte en una audiencia ante el Tribunal Constitucional, en el marco de una demanda competencial que busca bloquear investigaciones en su contra.

Por su parte, Alejandro Toledo es el exmandatario con mayor gasto en su defensa. El Despacho Presidencial firmó contratos por S/180.000 el 8 de julio de 2022, S/100.000 el 8 de abril del año pasado y otros S/180.000 el 26 de noviembre del mismo año. En el caso de Ollanta Humala, se suscribieron dos acuerdos: uno por S/291.600 el 12 de abril del año pasado y otro por S/129.600 el 26 de noviembre.

Además, la congresista Luque señaló que los recursos públicos no solo se utilizaron para estos tres casos, sino que también se destinaron a financiar la defensa de otros 23 funcionarios. En este sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) gastó más de S/855.000 en la defensa de diversos funcionarios, incluyendo a ocho ex premiers.

El caso más costoso fue el del ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén, del gobierno aprista, según precisó la legisladora. Ante esta situación, Luque ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de fondos públicos para financiar la defensa privada de funcionarios.

Sin embargo, la problemática se extiende al propio Congreso, donde la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, aprobó en diciembre del año pasado que los abogados de los parlamentarios sean pagados con recursos estatales, destinando hasta S/42.800 por legislador.

Dado que el Congreso cuenta con 130 parlamentarios y un número significativo de ellos enfrenta investigaciones, este gasto representa una carga considerable para las arcas públicas.