Judicial
Por omisión

El Ministerio Público investigará al presidente del Poder Judicial por no denunciar pedido de favores

Zoraida Ávalos Rivera, titular del Ministerio Público, tomó esa determinación tras conocerse un llamado donde dos exconsejeros le pedían que los beneficie.

En las últimas horas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, determinó iniciar una investigación preliminar por 60 días contra el presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, por no haber denunciado en su momento un pedido de favores hechos por los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera cuando lo buscaron en 2017.

De acuerdo con la titular del Ministerio Público, "los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia", por parte de Lecaros. La decisión de Ávalos se ajusta al artículo 407 del Código Penal, que castiga esa falta con hasta cuatro años de prisión.

Como se sabe, el presidente del PJ mantuvo numerosas conversaciones telefónicas con Noguera y Gutiérrez en la que ambos le solicitaban favores, aprovechando que Lecaros era miembro del Consejo Ejecutivo de la institución. El primero, le pidió que contratara a una profesional que recomendaba.

Por su parte, Gutiérrez lo llamó entre setiembre y diciembre de 2017 para implorarle que fallara en favor de la casación en su contra que había interpuesto el exgobernador de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, quien había sido condenado por mentir en su hoja de vida.

En ese momento, Lecaros presidía la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, instancia que finalmente falló en contra del recurso interpuesto por Vargas Barrenechea.

Si bien el magistrado señaló que, en ambos casos, no dio lugar a los requerimientos, no obstante, también es cierto que nunca hizo públicas ni denunció las pretensiones de los exintegrantes del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Así las cosas, Ávalos ordenó investigar a Noguera, a quien se le imputa el delito de tráfico de influencias y a Gutiérrez, acusado de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. lo que complica la situación de los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

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