Para tratar de revertir esa imagen negativa ante la comunidad internacional, dispuso poner en marcha una campaña con el fin de esclarecer qué ocurre realmente en el país.

Según el diario Perú 21, la embajada peruana en Estados Unidos contrató a la consultora Patriot Strategies LLC el 28 de febrero pasado. El acuerdo señala que, desde el 1 hasta el 29 de marzo, la empresa tendrá que elaborar planes de crisis y a difundir mensajes en favor del régimen de Boluarte Zegarra. Todo por 55 mil dólares.

De la cifra antes mencionada, 40 mil corresponde por los servicios. y 15 mil por gastos de representación. Allí se incluirá el uso de documentos, viajes, producción de videos, alquiler de equipos, entre otros.

Las instituciones que recibirán la campaña será el Congreso estadounidense, la Casa Blanca, las instituciones académicas, ONG y la comunidad empresarial. “Patriot trabajará con la Embajada del Perú el desarrollo y la implementación de la estrategia: plan e implementación de campaña comunicativa para difundir los argumentos que respalden las relaciones bilaterales de manera formal e informal”, indica el documento.

Hay que señalar que la decisión de contactar con la consultora norteamericana se dio tras las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, al diario The New York Times que la gestión de Boluarte no tenía evidencias de que las manifestaciones fueron impulsadas por organizaciones criminales.

Sin embargo, la Cancillería envió después un comunicado al medio norteamericano para protestar por la publicación de las declaraciones de Gervasi ya que contradijo la versión que la presidenta Boluarte había lanzado en sus distintas conferencias de prensa.

De otro lado, la consultora Patriot Strategies LLC también fue contratada para que brinde información al Departamento de Estado norteamericano sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo, quien es requerido por la justicia para que responda por los 30 millones en coimas que recibió de las empresas brasileñas en el marco del caso Lava Jato.

Como es público, Toledo presentó un “procedimiento civil federal” contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y Vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, para dilatar su extradicción. Este proceso consta de 59 puntos y se planteó ante la Corte del Distrito de Columbia.

Para ello, Toledo Manrique fue representado por los letrados Kelsey Quigley y David Bowker de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP. Ambos han alegado ante las autoridades que se ha violó la “Quinta Enmienda” de la Constitución estadounidense, referido al derecho de la libertad y el debido proceso.

“Tampoco le ha dado al doctor Toledo y su abogado el derecho de revisar y refutar las bases de la decisión del Departamento, que según la ley de los Estados Unidos son componentes necesarios de la oportunidad de ser escuchado antes de que se tome una decisión de extradición”, se señala en el documento correspondiente que fue presentado por el diario El Comercio.

Además, los abogados agregan: “El hecho de que el Departamento no le haya brindado al Dr. Toledo estas garantías mínimas bajo la cláusula del debido proceso lo priva de la libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la Quinta Enmienda de la Constitución”. Los abogados también señalan que “la vida y la libertad del doctor Toledo están en juego” luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos intentara “revocar su fianza y mantenerlo bajo custodia”.

“El Departamento de Estado ha decidido entregarlo para su extradición a Perú, donde probablemente enfrentará una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal, falta de debido proceso y un sistema judicial que carece de independencia e imparcialidad. Lo que está en juego para el doctor Toledo no podría ser mayor, ya que claramente enfrenta la pérdida de la libertad y otros daños irreparables, incluido el riesgo de muerte”, se señala en la demanda.

Debido a la nueva jugada legal, el ex presidente Toledo seguirá en libertad. El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, dispuso que no sea detenido hasta que el Noveno Circuito determine si la extradición debe seguir adelante o no. Si fuera lo primero, entonces dispondrá que las autoridades arresten al exdictanario peruano.