La denuncia original fue presentada el 20 de agosto de 2024 e involucra a Boluarte y a otras autoridades del Gobierno peruano, señaladas como responsables de los hechos que derivaron en la muerte de 49 ciudadanos y dejaron al menos 344 heridos.

"Desde agosto de 2024 hasta la fecha, han surgido nuevos elementos relacionados con la conducta de las autoridades, mientras persiste la impunidad: nadie ha sido llevado a juicio ni acusado formalmente ante el Poder Judicial", indica el documento.

Además, los denunciantes anunciaron que, con el respaldo de organizaciones internacionales, impulsarán la creación de una Comisión de la Verdad que permita esclarecer los hechos y determinar con precisión la responsabilidad de los involucrados.

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran figuras destacadas como el ex representante de Perú ante la OEA, Harold Forsyth; el excanciller Diego García Sayán; el ex defensor del pueblo Walter Albán; el ex procurador Antonio Maldonado y la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, entre otros.

Esta es la segunda denuncia contra Boluarte ante la CPI. En junio de 2024, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentaron otra acusación por los mismos hechos.

Paralelamente, desde inicios de 2023, el Ministerio Público mantiene una investigación contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, relacionados con la muerte de 77 personas durante las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

La ampliación de la denuncia busca presionar para que las investigaciones avancen y se garantice justicia para las víctimas y sus familias, en medio de un escenario marcado por la falta de sanciones a los responsables.