Además, en este foro también se buscará sacar una declaración para condenar el intento de golpe de Estado contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. Y como un punto que genera preocupación es lo que pasa en el Perú. Perú será representado por la canciller Ana Cecilia Gervasi en vez de la presidenta Dina Boluarte, quien se perderá una segunda actividad en el exterior tras asumir el poder el pasado 7 de diciembre.

Según el portal Tiempo Argentino, fuentes diplomáticas argentinas señalaron que lo ocurre en Perú preocupa a los representantes diplomáticos que asistirán al evento. En efecto, datos oficiales de la Defensoría del Pueblo detallan que más de 60 personas perdieron la vida durante las protestas contra Boluarte Zegarra, quien ha señalado que detrás hay organizaciones que buscan quebrar el orden constitucional.

“La prioridad es Brasil, pero hasta ahora no está claro cómo abordar el caso Perú”, indicaron las fuentes sobre la incertidumbre en cómo abordar el caso peruano en el plano internacional al citado medio internacional.

Por lo pronto, es casi seguro que la crisis en el Perú sea materia de una discusión abierta en la cumbre del CELAC. Más aún cuando asistirán presidentes como Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia) y Gabriel Boric (Chile) que se pronuncian con diferentes matices en redes sociales conforme la escalada de violencia aumenta.

Crisis puede agravarse

Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y jefe de la misión que llegó al país para “observar la situación de derechos humanos” en un momento de profunda crisis institucional y política, expresó su preocupación por la escalada de actos de violencia, que “no representan a la mayoría de las personas que están protestando”.

En una extensa entrevista con el diario El País de España publicada el miércoles, el abogado guatemalteco señaló que “la manera de salir de esta crisis es una ruta donde haya un diálogo amplio donde se escuchen todas las voces” de quienes se movilizan contra la administración de Dina Boluarte y el Parlamento.

“El producto de ese diálogo tiene que ser algún tipo de acuerdo. Acuerdos jurídicos, políticos. Y siempre debe respetarse el Estado de Derecho. Esas salidas de diálogo son una fórmula para que la violencia termine, para que las propuestas se abran paso. (...) De no darse ese diálogo, lo que se ve venir son más escenarios de violencia y enfrentamiento”, remarcó.

La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Pedro Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima. Frente a ello, el relator de la CIDH indicó que, “en ese diálogo amplio, se debe saber escuchar y respetar”.

“La escucha debe ser sincera, de buena fe, que finalice con acuerdos que permitan descompresionar la alta tensión y clima de posibles hechos de violencia. (...) Los familiares [de los fallecidos] nos dijeron: en Lima dicen que todos somos terrucos, violentistas. Eso no es cierto. Queremos que nuestra voz se escuche. Ese fue el tipo de testimonios que recibimos”, señaló.