Durante la vigencia del estado de emergencia se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución peruana. Según informes reservados de la PNP, la crisis de seguridad ha impactado de manera severa en la población de Lima y Callao.

La norma establece la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encabezado por el comandante general de la Policía e integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejército y gobiernos locales. El organismo centraliza la planificación estratégica y la ejecución de operativos, con un centro de coordinación permanente.

Medidas de control y patrullaje

Las fuerzas integradas —Policía, Fuerzas Armadas y Serenazgo municipal— desplegarán patrullajes permanentes en zonas consideradas críticas, basados en mapas del delito y análisis de inteligencia. También se instalarán puestos de comando temporales y se reforzará la custodia de instituciones públicas.

Entre las disposiciones más relevantes figura la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (categorías L1 y L3), salvo excepciones específicas, así como el fortalecimiento de controles de identidad en vía pública y transporte.

Asimismo, se intensificarán los operativos de decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Inteligencia y justicia

El Comité de Fiscalización, liderado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ejecutará operativos contra la trata de personas, el comercio ilegal de drogas y armas, el robo de autopartes y la venta informal de chips telefónicos. En coordinación con el Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Policía podrá solicitar la suspensión inmediata de líneas vinculadas a actividades delictivas.

Por su parte, el Comité de Inteligencia implementará un sistema integrado de videovigilancia con cámaras públicas y privadas, drones y herramientas de análisis predictivo y reconocimiento facial, con el objetivo de anticipar focos delictivos mediante monitoreo en tiempo real.

El Ministerio Público y el Poder Judicial anunciaron medidas administrativas y presupuestales para acelerar procesos vinculados a criminalidad organizada y brindar protección especial a fiscales y jueces.

La declaratoria contempla además incentivos para miembros destacados de las fuerzas intervinientes y el uso de tecnología satelital con apoyo de la Agencia Espacial del Perú para el monitoreo territorial.

El Gobierno evaluará periódicamente los resultados del estado de emergencia, cuyo eventual prórroga dependerá del impacto en los índices delictivos y de los informes remitidos a la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.