Jerí aseguró que la selección fue definida por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y negó cualquier interferencia política. “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”, afirmó al justificar la adquisición de las aeronaves de combate.

El exmandatario sostuvo que las reuniones realizadas durante el gobierno de Dina Boluarte con representantes de Estados Unidos, Francia y Suecia respondieron únicamente a coordinaciones técnicas previas.

Sin embargo, ya bajo su gestión, solo continuaron las negociaciones con la firma estadounidense, mientras Dassault Aviation y Saab quedaron fuera del proceso sin recibir una notificación formal.

La controversia creció luego de que se conociera que Lockheed Martin sí tuvo oportunidad de mejorar su oferta. Según reconoció Jerí, la propuesta inicial por 24 aeronaves superaba los 5.000 millones de dólares, pero luego fue reducida a cerca de 3.500 millones tras gestiones del gobierno estadounidense. Francia y Suecia, en cambio, no fueron convocadas para actualizar sus propuestas presentadas en 2025.

El 16 de febrero, un día antes de ser destituido por el Congreso en medio de una gestión golpeada por escándalos políticos y cuestionamientos por contrataciones cercanas a su entorno, Jerí firmó el decreto que autorizó transferir S/1.137 millones a la FAP para financiar la compra.

Pese a las críticas y a las acusaciones de una adquisición “a dedo”, el exjefe de Estado insistió en que el proceso contó con supervisión de la Contraloría y negó que se tratara de una compra direccionada.